la Justicia confirmó los vuelos de Adorni y avanza la causa por enriquecimiento ilícito

La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó un viaje a la isla caribeña de Aruba junto a su esposa y sus dos hijos, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga su evolución patrimonial.

La información fue corroborada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien incorporó al expediente los datos aportados por la aerolínea LATAM Airlines. Según esos registros, el funcionario viajó en primera clase junto a su familia, con un costo de 1.450 dólares por pasaje, lo que totaliza 5.800 dólares. 

Uno de los puntos que aún no fue esclarecido por la Justicia es el alojamiento elegido por la familia. Los investigadores intentan determinar si se hospedaron en el Tamarijn Aruba, un resort all inclusive cuyos costos rondarían los 1.000 dólares por noche por persona, lo que elevaría significativamente el gasto total del viaje.

El caso se enmarca en una investigación más amplia que busca determinar si el nivel de vida del funcionario es compatible con sus ingresos declarados. En ese contexto, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su entorno cercano para rastrear el origen del dinero utilizado. 

Además del viaje a Aruba, el expediente también analiza otras operaciones, como la compra de inmuebles y movimientos financieros que podrían evidenciar un incremento patrimonial no justificado. 

Según fuentes judiciales, el objetivo es establecer si los gastos —incluyendo vuelos, estadías y otros consumos— fueron afrontados con fondos propios declarados o si existe alguna inconsistencia que configure un delito.

La confirmación del viaje representa un avance clave en la causa, ya que aporta elementos concretos sobre los movimientos del funcionario y su familia durante el período investigado. Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar si corresponde avanzar hacia una eventual imputación formal.

El caso suma tensión política dentro del gobierno nacional y vuelve a poner en el centro del debate la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos.